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Históricos
Histórico 5: Los otros catrales de la C. Valenciana
 
EEl que hasta hace unas semanas era conseller de Territorio, Rafael Blasco, anunció en diciembre de 2003, casi una década después de la llegada del PP al gobierno de la Generalitat Valenciana, que era voluntad del Consell «legalizar donde se pueda» los miles de chalés irregulares construidos.

Blasco fue diligente en su tarea, aunque su relevo le impidió concluirla: sólo en la provincia de Valencia al menos 26.000 viviendas situadas en decenas de municipios continúan sin legalizar o, como mucho, en un proceso de legalización que difícilmente será tan traumático como el de Catral, donde el Consell ha intervenido las competencias municipales.

Recientemente la Conselleria de Territorio y Vivienda ha autorizado al Ayuntamiento de Albaida, gobernado por el PP, una modificación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá reclasificar cualquier terreno del término municipal, incluido aquel que cuente con alguna protección especial.

La desprotección del término municipal de Albaida se produjo instancias del propio alcalde del municipio, Juan José Beneyto, y facilitará, además de la construcción de nuevas urbanizaciones, la legalización de todo lo construido ilegalmente en los últimos años.

El número de viviendas fuera de ordenación en Ontinyent puede superar las 2.000, aunque la cifra exacta se desconoce. El retraso en la aprobación del PGOU por parte de la Conselleria de Territorio ha impedido al ayuntamiento dotarse de un marco legal con el que empezar a actuar.

La revuelta de los vecinos del diseminado afectados por la suspensión de licencias obligó al equipo de gobierno, formado por PSOE, Bloc y EU, a levantar la mano y permitir las construcciones ilegales en marcha en tanto la conselleria no apruebe el Plan General.

En el caso de Xàtiva, el número de viviendas fuera de ordenación puede alcanzar el medio millar después de que en los últimos meses se haya acometido la regularización de muchas de las segundas residencias construidas en el área de Bixquert.

Durante décadas, la política residencial de varios ayuntamiento del Camp de Túria ha facilitado la proliferación de viviendas, e incluso urbanizaciones, en terrenos rústicos. Sin duda, el caso más significativo ha sido el de la capital comarcal, Llíria. Distintos estudios han estimado la existencia de cerca de 10.000 viviendas sin consolidar.

Los dos planes urbanísticos que se han aprobado en el municipio (1994 y 2005) han regularizado varias urbanizaciones de este tipo donde se contabilizaban unas 9.000 viviendas.

Otro caso significativo es el de Vilamarxant, gobernado por el PP, que en la memoria del concierto previo de su plan cuenta hasta 4.500 viviendas situadas actualmente sobre suelo rústico. De ellas, alrededor de 500 se quedarían dentro del suelo no urbanizable protegido por el futuro Parc del Túria.

También Bétera (con unas 3.000 viviendas o la Pobla de Vallbona (con alrededor de 2.000) destacarían entre los municipios del Camp de Túria con un mayor número de chalés ilegales. Ambos consistorios han procurado legalizar su situación reclasificando a urbanizables las zonas donde se levantan.

En la comarca de la Safor destaca el caso de Oliva, donde la edificación irregular se presenta diseminada por todo el término municipal en parte por la laxitud con la que se ha afrontado el problema durante la última década por el gobierno municipal. En 2003 hubo un pacto de todas las fuerzas políticas y desde entonces se actúa con contundencia contra las nuevas edificaciones ilegales.

Tras Oliva, Villalonga afronta la situación existente en la zona de La Llacuna donde más de 600 chalés se encuentran fuera de ordenación. En este momento, bajo el paraguas de la Generalitat, se trabaja en un plan especial que pretende declarar la zona como un núcleo urbano consolidado para regularizar las viviendas existentes.

En Simat existe un problema similar en el Pla de Corrals donde el ayuntamiento ha situado hasta paneles informativos advirtiendo que está prohibido construir en la zona . También se trabaja en la línea de legalizar las viviendas existentes, más de 300.

En Tavernes se contabilizan al menos 200 viviendas en Marenys 2b realizadas durante décadas y hasta los años 90 en la zona costera cercana a Xeraco. El área conflictiva ha quedado dentro del PAI promovido por Bancaja y que ahora el gobierno ha incluido en su modificación del PGOU.

En el Camp de Morvedre, la construcción de viviendas en suelo no urbanizable se arrastra desde hace décadas, aunque recientemente se ha perseguido mucho, sobre todo en Sagunt o Albalat dels Tarongers, donde su alcalde, Filiberto Prats (BNV), reconocía más de 500 viviendas ilegales que pretende legalizar en el concierto previo del PGOU remitido a la conselleria.

En las comarcas del interior de la provincia de Valencia, uno de los casos más relevantes es el de Ayora, donde el PGOU está bloqueado por culpa de 1.600 «casicas», como las llaman en la localidad, que en muchos casos se han convertido en lujosos chalés.

En La Hoya, las casas de campo fuera de ordenación salpican a centenares el paisaje comarcal, aunque en el caso de Chiva existen decenas de construcciones en terreno no urbanizable y urbanizaciones alegales en tanto no se apruebe el nuevo PGOU.
Mano dura

En Benicarló existen aproximadamente un centenar de viviendas ilegales. El ayuntamiento decidió acogerse a la LUV, que le cede competencias a la hora de retirar los suministros básicos a las viviendas irregulares, para solicitar a Iberdrola que no facilite suministro eléctrico a las viviendas que solicitaban ampliaciones de sus contratos.

El caso de Almassora es singular: existen decenas de viviendas construidas en el cauce del Millars, en los conocidos como alters. La CHJ sabe del tema y no actúa y el ayuntamiento ha instalado paneles informativos advirtiendo que precintará cualquier obra.

Por último, en Nules hay también decenas de viviendas construidas en la zona del marjal. El colectivo Quatre Camins ha denunciado que se sigue construyendo con total impunidad. Las obras de algunas viviendas han sido paralizadas pero otras continúan.
 

Esta información ha sido elaborada por J. Sierra, R. Gallego, J. Ferrer, J. Alfaro, V. Contreras y M. Arribas

Gracias a Levante-EMV
 
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